TRADUDUCCIÓN CERTIFICADA
Hon. José Fuentes Agostini
Ex Secretario de Justicia de Puerto Rico y Presidente del Consejo de la Estadidad de Puerto Rico Declaración
Vista sobre la legislación sobre el estatus de Puerto Rico Comité de Recursos Naturales de la Cámara
14 de abril de 2021
Presidente Grijalva, Miembro de Rango Westerman y distinguidos miembros del Comité, es un honor comparecer ante ustedes en el día de hoy para discutir la “Ley de Admisión a la Estadidad de Puerto Rico” (Puerto Rico Statehood Admission Act, H.R. 1522) y la “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico del 2021” (Puerto Rico Self-Determination Act of 2021, H.R. 2070).
La última vez que testifiqué ante el Congreso sobre el tema de la autodeterminación de Puerto Rico – en el 1998 – exhorté al Congreso que reconociera el estatus de Puerto Rico de un territorio de los EE.UU. e insté a los directores del Congreso que confirmaran los parámetros constitucionales sobre las alternativas para el estatus futuro de Puerto Rico.
Casi 25 años después ya está bien establecido que Puerto Rico es, de hecho, un territorio de los EE.UU. y también se reconoce que esta relación colonial ya no es aceptable. La pregunta que tiene que considerar este Comité en el día de hoy es qué debe hacer el Congreso ahora y cómo llegamos ahí.
Con relación a las dos propuestas ante el Comité, solo H.R. 1522 representa la verdadera autodeterminación. El proyecto toma en cuenta la voz de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico y reconoce la historia de los votos locales en los plebiscitos. La medida establece un proceso democrático para resolver el asunto del estatus de Puerto Rico con un voto decisivo de ratificación sobre una opción con 50 precedentes: la estadidad.
Por otro lado, H.R. 2070 propone crear una estructura impuesta por los Estados Unidos que ignora tanto los votos puertorriqueños, como la historia de Puerto Rico y las voces de los puertorriqueños. El proyecto propone un nuevo proceso donde no se rinden cuentas y no hay fecha final. H.R. 2070 no provee orientación explícita sobre los parámetros constitucionales y crea una nueva comisión federal. La propuesta no es una autodeterminación real y no es una solución al problema legal, político y moral que estamos discutiendo en el día de hoy.
I. Historia y trasfondo
• La “Ley del Estatus Político de los Estados Unidos y Puerto Rico” y el Plebiscito de 1998
En el 1998, bajo el liderazgo del Presidente Newt Gingrich (R-GA), la Cámara de Representantes aprobó la “Ley del Estatus Político de los Estados Unidos y Puerto Rico” (United States-Puerto Rico Political Status Act) H.R. 856, promovida por el representante Don Young (R- AK). Ese proyecto exigía un referendo local en Puerto Rico en el cual los votantes podrían escoger entre tres opciones en la papeleta: (1) estadidad, (2) independencia o libre asociación, o (3) permanecer un territorio de los EE.UU. El proyecto se aprobó con un voto de 209 a 208 pero
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no fue aprobado por el Senado.
A la luz de la inactividad del Congreso, más tarde ese año, el Gobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (D) llevó a cabo un voto de plebiscito local en Puerto Rico con cinco opciones en la papeleta: (1) estadidad, (2) independencia, (3) libre asociación, (4) continuar con estatus de territorio, o (5) ninguna de las anteriores.
La estadidad fue claramente la opción con mayor apoyo entre las cuatro opciones definidas, con 46.5% de los votos, la independencia en segundo lugar (2.5%), la libre asociación en tercer lugar (.1%) y continuar con estatus de territorio en cuarto lugar (.06%). Sin embargo, un poco más de la mitad de los votantes (50.3%) seleccionaron ninguna de las anteriores.
Confrontados con cuatro opciones con validez constitucional, una pequeña mayoría de los votantes puertorriqueños tuvieron la esperanza de que llegara algo distinto a lo que les estaban diciendo localmente que era posible.
Lo que estaban buscando se conocía en esa época como el “Estado Libre Asociado Mejorado” (Enhanced Commonwealth), una mezcla inconstitucional de soberanía con asistencia federal. Este estatus de fantasía, el cual describió el exrepresentante José Serrano (D-NY) como una “carta a Santa Claus,” requiere que el Congreso de los EE.UU. le ceda poder a Puerto Rico en un acuerdo permanente y le da acceso a los puertorriqueños a un paquete de beneficios federales que exceden por mucho los derechos y responsabilidades de cualquier otro ciudadano estadounidense.
La plataforma del “Estado Libre Asociado Mejorado” del 1998 según ratificada por el Partido del ELA de Puerto Rico (PPD) se incluye al final de este testimonio con una gráfica explicativa relacionada según publicada por el San Juan Star.
Para más trasfondo, véase la lista anejada de propuestas del “ELA” discutidas en Puerto Rico desde el 1952 hasta el 1998 y una historia del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) de las opciones del “ELA” en la papeleta desde el 1967 al 1998. Las notas al calce de CRS documentan las definiciones cambiantes del “ELA,” con frecuencia con repercusiones constitucionales.
• El Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus Político de Puerto Rico
En el 2000, en reacción al voto de “ninguna de las anteriores” en el plebiscito de 1998, el Presidente Bill Clinton emitió la Orden Ejecutiva 13183, la cual estableció el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico. El propósito del Grupo de Trabajo era “aclarar las dos opciones de estatus que tiene Puerto Rico y el proceso para realizar dichas opciones.”
El Presidente George W. Bush continuó la iniciativa, consultó extensamente con los interesados y en diciembre de 2005, publicó el primer informe de estatus del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, un estudio autorizado que contiene un análisis de las opciones de estatus con viabilidad constitucional y un proceso propuesto para resolver el estatus final de Puerto Rico.
El informe recomendó un plebiscito en dos pasos. Primero, un voto le preguntaría al electorado
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puertorriqueño “si desean continuar siendo un territorio de los EE.UU.” Si los votantes eligieran seguir siendo un territorio, se le haría esta pregunta de manera periódica para asegurar el “consentimiento continuado de los gobernados.”
Si los votantes decidieran que desean un cambio, el informe exigía otro plebiscito para permitirle a los votantes elegir entre la estadidad o la independencia.
En el 2007, la administración de Bush emitió un segundo informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, el cual confirmó los hallazgos del informe anterior y reforzó sus recomendaciones.
El Presidente Obama emitió el informe más reciente del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el estatus de Puerto Rico en el 2011. Dicho informe fue consistente con los dos informes anteriores al expresar que había “una pequeña preferencia” por el sistema de dos plebiscitos. Reconociendo una controversia continuada en cuanto a la definición de las opciones del estatus, el informe también aclaró lo siguiente:
“[C]onsistente con las conclusiones legales a las que llegaron los informes anteriores de los Grupos de Trabajo, un aspecto de algunas de las propuestas para el Estado Libre Asociado mejorado sigue siendo problemático en términos constitucionales– unas propuestas que establecerían una relación entre Puerto Rico y el Gobierno Federal que no podría alterarse a menos que hubiera consentimiento mutuo. Los informes anteriores de los Grupos de Trabajo se centraron en esto. La Administración de Obama le ha dado una nueva mirada al asunto de dichas disposiciones de consentimiento mutuo y ha concluido que dichas disposiciones no serían exigibles ya que un Congreso futuro podría decidir alterar dicha relación de manera unilateral.”
• La “Ley de Democracia de Puerto Rico del 2010” y el Plebiscito del 2012
En el 2010, la Cámara de Representantes aprobó la “Ley de Democracia de Puerto Rico,” (Puerto Rico Democracy Act) H.R. 2499 bajo el liderazgo del entonces comisionado residente Pedro Pierluisi (D-PR) por un voto de ambos partidos (223- 169). Desafortunadamente, la ley, la cual se basó en la estructura de dos partes sugerida por los informes de los Grupos de Trabajo de Bush y Obama, nuevamente no fue promulgada por el Senado.
Para seguir adelantando este asunto, en el 2012, el Gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño (R) llevó a cabo un voto en un plebiscito de dos partes a base de la recomendación del Grupo de Trabajo de Bush. La primera pregunta le preguntó a los votantes si “estaban de acuerdo en mantener el statu quo político actual” de Puerto Rico. La segunda pregunta les instruyó a los votantes que eligieran – independientemente de su contestación a la primera pregunta – su preferencia entre tres opciones de estatus no territoriales: (1) estadidad, (2) independencia, o (3) libre asociación.
Los resultados del plebiscito indicaron que cerca del 54% de los votantes (53.97%) rechazaron el statu quo de Puerto Rico y que de los que seleccionaron la opción no-territorial en la segunda pregunta, la mayoría (61.16%) prefería estadidad por encima de la libre asociación (33.34%) y la independencia (5.49%).
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El apoyo por terminar el statu quo político y progresar hacia la estadidad fue claro a pesar de las fuentes de ambigüedad en el plebiscito que posiblemente desalentaron el apoyo por la estadidad. Por ejemplo, la libre asociación se describió simplemente como una “asociación política voluntaria, cuyo término específico se acordaría entre los Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.”
En las tres relaciones actuales de libre asociación (la República de las Islas Marshall, Palau y los Estados Federados de Micronesia), los ciudadanos no tienen ciudadanía estadounidense y tampoco tienen representantes en el Congreso. Los EE.UU. tienen soberanía en relaciones de libre asociación sobre la defensa y la seguridad nacional de la otra nación y las naciones con libre asociación no son elegibles para recibir Medicaid o casi todos los demás programas federales que actualmente están disponibles en Puerto Rico. Dada la definición vaga de “libre asociación” incluida en la papeleta, no está claro si los votantes entendieron a cabalidad los límites de la libre asociación.
• El PPD propone y luego rechaza una convención sobre el estatus
Como parte de la plataforma del partido pro-ELA (PPD) utilizada por el Gobernador Alejandro Garcia Padilla para ganar las elecciones del 2012, su partido propuso una “convención sobre el estatus” como el mecanismo que utilizarían para ayudar a resolver el estatus político de Puerto Rico. El PPD también había incluido esta propuesta en la plataforma previa del partido en las elecciones generales del 2008. Sin embargo, aunque el PPD controlaba la Oficina del Gobernador y ambas cámaras legislativas de la legislatura de Puerto Rico durante el cuatrienio del 2013- 2016, cuando tomaron posesión del cargo, el gobierno del PPD no actuó para dichos fines. Específicamente, en el 2013, miembros prominentes del PPD de la Cámara y del Senado propusieron legislación para llevar a cabo un referendo para preguntarle al electorado si la legislatura debía convenir una convención sobre el estatus (P.C. 210 y P.S. 694), y otro proyecto para establecer la convención y elegir a sus delegados (P.C. 1334 y P.S. 693). Al final, el Gobernador García Padilla y los líderes del PPD en la legislatura no apoyaron dicho esfuerzo. Teniendo la autoridad inherente además de la mayoría legislativa necesaria para promulgar lo que propone H.R. 2070, la legislatura de Puerto Rico rechazó dicha medida.
• La Asignación de $2.5 millones del Departamento de Justicia y el Plebiscito de 2017
En el 2014, bajo el liderazgo del Representante Serrano (D-NY), el Congreso legisló una asignación de $2.5 millones para un plebiscito sobre las “opciones que resolvieran el estatus político futuro de Puerto Rico” condicionado a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) aprobara las definiciones de la papeleta.
En respuesta, el Gobernador García Padilla prometió usar los fondos para llevar a cabo un “proceso justo.” Sin embargo, luego de repetidos intentos infructuosos de convencer al DOJ que aprobara una papeleta que incluyera la opción del Estado Libre Asociado mejorado, en agosto de 2014 el Gobernador García Padilla retiró su propuesta y el PPD intentó alcanzar un consenso interno sobre una nueva definición del Estado Libre Asociado mejorado. Después de un año de debates internos, abandonaron el esfuerzo.
Luego de postularse y ganar con una plataforma de resolver el asunto del estatus político y
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adelantar la causa de la estadidad, en el 2017 el Gobernador entrante Ricardo Rosselló (D) aprobó legislación y le presentó una propuesta al DOJ para la utilización de la asignación de $2.5 millones. Basándose en el lenguaje de la asignación que proponía “resolver” el estatus político futuro de Puerto Rico, se propuso un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, dejando fuera el estatus territorial no resuelto.
Luego de enmendar la legislación del plebiscito local para incorporar el insumo del DOJ, el DOJ se negó a revisar el lenguaje enmendado por “falta de tiempo.” El Gobierno de Puerto Rico decidió seguir adelante con el plebiscito en junio de 2017 sin usar los $2.5 millones que estaban disponibles.
Semanas y días antes del plebiscito las encuestas locales reflejaban que la estadidad contaba con una mayoría clara, así que los opositores decidieron boicotear las elecciones, mientras los líderes del PPD aprobaron una resolución para decirle a sus seguidores que el plebiscito no era justo porque no había ninguna versión del Estado Libre Asociado Mejorado en la papeleta. El apoyo por la estadidad fue contundente con 97%, La independencia/ Estado Libre Asociado obtuvo un 1.5% y el estatus actual de territorio un 1.3%. Sin embargo, los que ni siquiera estuvieron dispuestos a tratar de ganar en la votación argumentaron luego que la victoria de la estadidad no era legítima por el número bajo de votantes. La victoria de la estadidad fue certificada por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, y las estadísticas de votación de “votantes efectivos” mostró una tasa de participación de 31% (Véase la Certificación de Votantes Anejada), lo cual es consistente con las tasas de los eventos electorales en la isla fuera de las elecciones generales (22.5% en el 2005 y 35% en el 2012).
• El Plebiscito del 2020
En el 2020, reconociendo el rechazo del estatus actual territorial de los votantes de Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico legisló un voto sencillo de “SÍ” o “NO” sobre la estadidad. Se solicitó la aprobación del DOJ, y nuevamente el DOJ no aprobó la papeleta independientemente del claro precedente legal e histórico para el diseño y lenguaje. El DOJ insistió que el estatus actual de territorio se incluyera a pesar de la intención del Congreso en cuanto a la asignación del 2014, la cual requirió una solución permanente para resolver el estatus de territorio actual.
Dado que el Congreso también ha aclarado bajo estatuto federal (Pub. L. 114–187 § 402) que el derecho de Puerto Rico de determinar su estatus político futuro se puede ejercitar con o sin el uso de una asignación federal que requiera la aprobación del DOJ, el Gobierno de Puerto Rico decidió proceder con el voto. El propósito era sencillo, determinar de manera definitiva si una mayoría de los votantes de la isla apoyaban la estadidad o no. El precedente era claro: Alaska, Hawaii y varios otros territorios se hicieron estados luego de encuestar a los votantes sobre la estadidad sin autorización o aprobación federal.
En los casos de Alaska y Hawaii, los resultados de los referendos de estadidad no aprobados por el gobierno federal le demostraron al Congreso que los votantes deseaban la estadidad. Los votos locales ayudaron a educar e instar al Congreso a promulgar proyectos de admisión que a su vez contenían un voto final de ratificación de estadidad. En ambos casos el apoyo por la estadidad aumentó sustancialmente entre el primer voto local de estadidad “no vinculante” (58% en el 1946 en Alaska y 67% en el 1940 en Hawaii) y el voto final de ratificación luego de que el Congreso promulgara legislación de admisión (83% en el 1958 en Alaska y 94% en el 1959 en
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Hawaii).
La decisión del gobierno de Puerto Rico de proceder con el voto local de “SÍ” o “NO” a favor de estadidad el pasado noviembre fue consistente con esta historia.
El plebiscito se llevó a cabo de manera concurrente con las elecciones generales, y el porciento de participación de votantes se estimó inicialmente en un 52%. La Comisión Estatal de Elecciones después certificó que de los “votantes efectivos” en Puerto Rico, la participación en el plebiscito alcanzó un 73%. Así que cualquier reclamo de poca participación de votantes simplemente no es cierto.
Además, ningún partido político registrado en Puerto Rico sugirió un boicot de este plebiscito. De hecho, todos los partidos políticos hicieron campañas a favor de las opciones de “SÍ” (Partido Nuevo Progresista) o de “NO” (Partido Popular Democrático y Partido Independentista de Puerto Rico), y algunos candidatos del Movimiento de Victoria Ciudadana hicieron campaña a favor de la opción del “SÍ” y otros por el “NO”. No se excluyó a nadie del voto.
De las 1.2 millones de papeletas que se emitieron, la estadidad ganó con 52.5% del voto. Este porciento representa 655,000 papeletas, más votos de lo que recibieron el gobernador estadista (33.24% con sobre 427,000 votos) o el comisionado residente estadista (41.18% con sobre 512,000 votos), los cuales también ganaron las elecciones. El resultado demuestra que el apoyo por la estadidad en Puerto Rico trasciende los partidos y que los votantes diferenciaron entre las papeletas emitidas en cuanto al asunto de la estadidad y los candidatos individuales que se postularon.
Este voto marca la tercera vez en menos de una década en que los ciudadanos de los EE.UU. de Puerto Rico rechazaron el estatus de territorio actual a favor de la estadidad y demuestra de manera definitiva que una mayoría innegable de los votantes están a favor de la admisión inmediata como estado.
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II. Implicaciones de la estadidad para Puerto Rico
Según la Constitución de los EE. UU., los nuevos estados de la unión se admiten en “igualdad de condiciones” que los ya existentes. La doctrina de la “igualdad de condiciones” deja claro que, cuando Puerto Rico se convierta en un estado, se aplicarán a sus residentes todos los derechos constitucionales, incluida la ciudadanía estadounidense constitucional y la Carta de Derechos. Como territorio estadounidense, la Carta de Derechos no se aplica plenamente en Puerto Rico, y lo que nos otorga la ciudadanía estadounidense es un estatuto de 1917, no la Constitución de los EE. UU.
La estadidad es una opción electoral responsable, porque no hay variaciones en su definición. Cada uno de los 50 estados actuales recibe el mismo trato en la legislación federal. El significado de “Estado” está bien establecido y es coherente; hay una sensación de certeza en la definición.
Sin embargo, hay tres implicaciones de la estadidad de Puerto Rico que son objeto de muchas conjeturas en Washington, y que a menudo se malinterpretan: (1) predicciones del partidismo de Puerto Rico como estado, (2) las implicaciones económicas de la estadidad de Puerto Rico, y (3) el impacto de la estadidad en la cultura puertorriqueña. Contrario a las afirmaciones de que Puerto Rico sería un estado profundamente azul con una economía precaria, Puerto Rico está preparado para ser un estado púrpura con una economía fortalecida, y la cultura puertorriqueña prosperaría en consecuencia.
• Los peligros del pronóstico político
Si bien muchos en Washington especulan sobre cómo la admisión de Puerto Rico afectaría el equilibrio político en el Congreso, la realidad es que esta especulación no es una base legítima para negar a tres millones de ciudadanos estadounidenses el pleno derecho de voto que reclaman a nivel federal.
En primer lugar, históricamente, las predicciones de inclinación partidista han fallado. Cuando Hawái y Alaska se admitieron como estados, se aprobaron ambos con la premisa de que Alaska votaría por los demócratas, y Hawái, por los republicanos.
En segundo lugar, en vez de suponer cuáles serán las preferencias de los votantes en la isla a base de las preferencias de los votantes puertorriqueños en los estados, los observadores deberían fijarse en los resultados reales de las elecciones en Puerto Rico. Actualmente, el funcionario electo más popular en Puerto Rico es un republicano. De hecho, en el momento de las elecciones de noviembre de 2020, todos los altos cargos del gobierno de Puerto Rico -la gobernadora Wanda Vázquez, el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz- se identificaron como republicanos.
Los miembros de este comité también pueden recordar al ex comisionado residente y republicano, Luis Fortuño, que sirvió en el Congreso de 2005 a 2009 antes de que lo eligieran gobernador de Puerto Rico de 2009 a 2013.
Los republicanos tienen una base de votantes clara y activa en Puerto Rico debido a que gran parte de la población de la isla es socialmente conservadora. De hecho, el año pasado, el Instituto James Madison informó que los puertorriqueños que viven en estados como la Florida siguen votando
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como republicanos en cantidades significativas por candidatos socialmente conservadores, y son incluso más propensos a votar por candidatos republicanos que tienen claro que están a favor de la estadidad para Puerto Rico.
No podremos saber cuál será la composición partidista de una delegación del Congreso para el estado de Puerto Rico hasta que los ciudadanos estadounidenses de allí tengan pleno derecho a votar. Lo que resulta obvio es que los votantes puertorriqueños recordarán durante muchos años al partido que consideren responsable de incluir a Puerto Rico plenamente en el proceso democrático nacional de los Estados Unidos.
• Desarrollo económico bajo el régimen de Estado
Aunque algunos pueden argumentar que Puerto Rico tiene que mejorar su economía y su situación fiscal antes de que se pueda considerar la estadidad, esta perspectiva se basa en una comprensión errónea de la interacción entre el estatus político de una jurisdicción como territorio y sus perspectivas de desarrollo económico. El bajo rendimiento económico no es atribuible únicamente a la condición de Puerto Rico como territorio; de hecho, a lo largo de la historia, todos los territorios de EE. UU. han tenido un rendimiento inferior, y se puede observar que no tenían desarrollo económico cuando se compara su economía antes y después de convertirse en estados.
Limitaciones inherentes a la economía territorial
El estatus territorial impide que Puerto Rico se integre plenamente en la economía estadounidense, lo cual inhibe la inversión y genera incertidumbre por el temor a un posible cambio de estatus político, o a un trato arbitrario por parte del Congreso en las leyes y los programas federales. La falta de representación de Puerto Rico en la esfera federal también limita seriamente su capacidad de influir en los procesos legislativos y normativos federales, lo que dificulta aún más su integración en la economía estadounidense en general.
En el fondo, el estatus territorial actual representa una limitación inherente al desarrollo económico de Puerto Rico, porque crea condiciones de desigualdad que producen una clara desventaja de la que la economía local no puede escapar. También crea incentivos para los déficits y el gasto de la deuda como una forma de compensar la subinversión del gobierno federal cuando los funcionarios electos locales se enfrentan a las demandas públicas de un electorado local que ve una mejor calidad de vida y mayores ingresos en los Estados Unidos, y que puede reubicarse con facilidad para obtener mejores oportunidades económicas.
Bomba de tiempo por la pérdida de población
La falta de inversión federal bajo el estatus territorial siempre obstaculizará la demanda global de Puerto Rico, y hará que los residentes se trasladen a Estados Unidos, lo que dificulta, si no es que imposibilita, el desarrollo económico sostenible. Según el Censo de los EE. UU., la emigración de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos ha llevado a una disminución de la población de 3.9 millones en 2000 a menos de 3.2 millones en 2019. Esto es absolutamente devastador para la economía de la isla, porque disminuye la base de consumidores, la base fiscal y la
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mano de obra, y aumenta la deuda per cápita. Esta tendencia deja muy claro por qué se necesita con urgencia un cambio de juego para lograr la resolución definitiva de la cuestión del estatus político, y por qué un mayor retraso por parte del Congreso podría ser catastrófico.
La historia demuestra que la estatalidad estimula el crecimiento económico.
Los datos económicos de la transición de Alaska y Hawái a la condición de estado muestran que el progreso económico es masivo cuando un antiguo territorio converge en la economía nacional a través de la condición de estado. Ambos estados registraron una media de crecimiento dos veces superior a la media de Estados Unidos tras su admisión.
Tras la incorporación como estado, la economía de Hawái se disparó, y cuadruplicó su tamaño en 1989. En Alaska, el salario medio de los trabajadores no agrícolas aumentó un 28% en los diez años siguientes a su incorporación como estado. El Instituto de Investigación Social y Económica de la Universidad de Alaska descubrió que, tras convertirse en estado, la producción de bienes y servicios en Alaska aumentó, el empleo se incrementó, el producto estatal bruto se duplicó con creces, y la población del estado creció.
Del mismo modo, los datos económicos de la primera década tras la incorporación como estado también mostraron patrones de crecimiento continuos en Montana, Washington, Idaho, Wyoming, Utah, Oklahoma, Nuevo México y Arizona. Estos resultados económicos fueron rápidos y drásticos, y han sido duraderos, lo que demuestra que el crecimiento económico sigue a la estadidad, y no al revés.
La estadidad proporcionará a Puerto Rico la igualdad, la estabilidad, el acceso y la certidumbre necesarios para atraer a los inversores a largo plazo. Aumentará el comercio interestatal al impulsar la demanda de los consumidores. También, contribuirá a acelerar la reestructuración de la deuda al promover el crecimiento económico necesario para apoyar el pago de esta, y recuperar el acceso a los mercados de capital para realizar inversiones públicas responsables en infraestructuras que puedan generar más crecimiento en el futuro.
• La estadidad respetaría y fortalecería la cultura puertorriqueña.
El curso de la historia de Puerto Rico cambió en 1898, cuando Estados Unidos adquirió la isla tras la Guerra Hispanoamericana. En ese momento, Puerto Rico ya tenía una rica identidad e historia cultural con una mezcla de influencias española, africana y de los nativos taínos. Y aunque a algunos les gusta plantear la preocupación de que Puerto Rico conserve su identidad cultural única como estado, esto también es una falsa dicotomía. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propia cultura e identidad. No hay razón para creer que Puerto Rico sea diferente.
La realidad es que la cultura e identidad puertorriqueñas ya se han visto moldeadas de manera innegable a partir de su actual relación territorial con los Estados Unidos, y Puerto Rico también ha moldeado la cultura estadounidense. Sencillamente, no hay requisitos en el marco de la estadidad que impidan a Puerto Rico mantener su cultura e identidad.
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Preservar la ciudadanía americana y la identidad puertorriqueña
En 1917, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley que concedía la ciudadanía estadounidense al pueblo de Puerto Rico, con lo que integró aún más a los puertorriqueños a la familia política estadounidense. La inmensa mayoría de los puertorriqueños atesoran su ciudadanía estadounidense. Puerto Rico ya está incluido en los
Estados Unidos, los viajes son fluidos, y no se necesitan pasaportes ni visas. La estadidad proporcionará una garantía constitucional de ciudadanía estadounidense para las generaciones actuales y futuras nacidas en la Isla, lo que nos permite mantener una conexión crucial, acceso y movilidad con los seis millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos.
La población de puertorriqueños en los Estados Unidos es en sí misma la mayor prueba de que uno puede seguir llevando y apreciando su cultura e identidad como puertorriqueño al tiempo que disfruta de los derechos plenos e iguales de la ciudadanía estadounidense en virtud de la estadidad. No hay ninguna contradicción en estar orgulloso de ser puertorriqueño y orgulloso de ser estadounidense al mismo tiempo.
Lengua
Puerto Rico es predominantemente hispanohablante, pero con una gran población bilingüe que también habla inglés. Las lenguas oficiales de Puerto Rico son actualmente el español y el inglés. Bajo la estadidad, no habría ninguna limitación en la capacidad de Puerto Rico para mantener tanto el español como el inglés como sus lenguas oficiales. Como estado, ese derecho estaría reservado a Puerto Rico en virtud de la 10a Enmienda de la Constitución. Entre los ejemplos de estados que tienen más de una lengua oficial, se encuentran Alaska, Hawái y Nuevo México. Y para los que se preocupan de que Puerto Rico se quede solo como estado con una gran población de 3 millones de hispanohablantes, los datos del censo muestran que todavía habría más hispanohablantes en California (10 millones), Texas (7 millones) y Florida (6 millones). Las encuestas públicas que se han realizado en el pasado también han demostrado que una abrumadora mayoría de padres (95%) apoya la exigencia de que todas las escuelas públicas de Puerto Rico enseñen inglés para que los estudiantes puedan ser totalmente bilingües. Los padres se dan cuenta de que ser totalmente bilingüe preserva la cultura puertorriqueña, y abre las puertas a mejores oportunidades educativas y profesionales.
Población
Cuando declaré ante el Congreso en 1998, me referí a los 3.8 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. Los datos del censo indican hoy que la población de Puerto Rico ha disminuido a menos de 3.2 millones. El pueblo de Puerto Rico está votando por la estadidad con sus pies. El corazón de la cultura puertorriqueña es Puerto Rico. La mejor manera de fortalecer la cultura puertorriqueña es fortaleciendo a Puerto Rico.
Hoy en día, hay más puertorriqueños viviendo en los estados que puertorriqueños que viven en Puerto Rico. Hemos experimentado la pérdida de población y la fuga de cerebros durante años, ya que la siguiente generación de puertorriqueños con talento está abandonando su hogar en favor de Florida, Pensilvania, Texas y otros innumerables estados. El recurso cultural más importante de Puerto Rico es su gente, y bajo el estatus territorial fallido, la gente se está yendo de Puerto Rico.
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Si la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos supusiera una amenaza existencial para la cultura puertorriqueña, ya lo sabríamos. El daño estaría hecho. Después de todo, Puerto Rico ha sido un territorio de Estados Unidos durante 123 años. La llamada “anexión” que, irónicamente, parece ser la más temida por la gente que no llama a Puerto Rico su hogar, ocurrió en 1898 y se concretó por completo en 1917.
La cultura puertorriqueña sigue perdurando a pesar de su larga historia colonial y de su estatus colonial actual. Un Puerto Rico económicamente vibrante sería mucho más capaz de retener y desarrollar el talento local en las artes, la música, la danza, la gastronomía, los deportes y otros campos culturales bajo la estadidad que bajo el deteriorado estatus territorial, ya que los mejores talentos a menudo se ven obligados a abandonar la isla para poder desarrollarse y crecer plenamente.
III. Participación de los puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de los EE. UU.
Los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico han servido con orgullo en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, e históricamente, Puerto Rico se ha situado junto a los principales estados en términos de servicio militar per cápita.
Las contribuciones estimadas de despliegue en tiempos de guerra incluyen más de 18,000 soldados durante la Primera Guerra Mundial; más de 65,000 durante la Segunda Guerra Mundial; más de 61,000 durante la Guerra de Corea; más de 48,000 durante la Guerra de Vietnam; más de 10,000 durante la Guerra del Golfo; y más de 25,000 durante las operaciones Libertad Duradera y Libertad Iraquí.
En 2016, el Congreso otorgó la Medalla de Oro del Congreso al famoso Regimiento 65 de Infantería, conocido como los Borinqueneers, que estaba compuesto en su mayoría por soldados de Puerto Rico, y sirvió como la única unidad segregada hispana en la Guerra de Corea. Mientras que nueve miembros de las Fuerzas Armadas de Puerto Rico han recibido la Medalla de Honor, el más alto galardón de nuestra nación al valor militar.
Los puertorriqueños siguen sirviendo hoy en día, con decenas de miles de personas en el servicio activo y en las reservas, y miles más en la Guardia Nacional de Puerto Rico. De hecho, más de 90,000 veteranos llaman a Puerto Rico su hogar.
Lo más conmovedor es que 1,900 ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico fueron víctimas de la guerra, y pagaron el precio más alto en defensa de la libertad de los Estados Unidos, mientras carecían de pleno derecho al voto e igualdad a nivel federal. Solo la concesión de derechos plenos e igualdad en el marco de la estadidad honraría plenamente los sacrificios de sangre, sudor, lágrimas y vidas que hicieron todos los puertorriqueños que han servido y siguen sirviendo en el ejército hasta el día de hoy y sus familiares.
IV. La falacia de la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2021 (H.R. 2070)
La mayor falacia de la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, H.R. 2070, es que desconoce todos los esfuerzos anteriores de autodeterminación que se han llevado a cabo en Puerto Rico en las últimas décadas. Entraña la negación explícita de las elecciones con respecto a la indiscutible
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Yo, Juan E. Segarra, traductor USCCI#06-067, certifico que la presente es una traducción fidedigna y correcta, conforme a mis capacidades, del documento en inglés que he visto. .
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realidad de que la mayoría de los votantes de Puerto Rico está a favor de la estadidad. Les falta el respeto a esos votantes y a todos los procesos electorales cuando se envuelve en el lenguaje de la “equidad”, pero busca en cambio descartar su sufragio para iniciar un nuevo proceso como si sus votos no hubieran ocurrido y no importaran. Así no funciona la democracia, e insto encarecidamente a los miembros de esta Comisión a que rechacen este enfoque.
La otra falacia es que, en nombre de la “inclusión”, la H.R. 2070 pretende reabrir un debate sobre los estatus posibles que ya ha tenido lugar durante décadas, y en el que ya se han alcanzado conclusiones definitivas. Los presidentes y miembros del Congreso de ambos partidos políticos han examinado la cuestión del estatus durante décadas, y han llegado a la misma conclusión: hay que establecer parámetros constitucionales claros a la hora de presentar opciones de estatus en un plebiscito. La H.R. 2070 no lo hace.
En su lugar, la H.R. 2070 vuelve a abrir la puerta a un debate interminable sobre un número indefinido de opciones cuando sus proponentes dicen que, además de la estadidad, la independencia y la libre asociación, el proyecto de ley consideraría “cualquier opción distinta del actual acuerdo territorial”. Inevitablemente, esto incluye a los defensores de la fantasiosa opción del “Estado Libre Asociado Mejorado”, una mezcla imposible de las mejores características de la soberanía y la estadidad. Al hacerlo, la H.R. 2070 echaría a perder la posibilidad de resolver el estatus definitivo de la isla, y perjudicaría los esfuerzos de autodeterminación que, en última instancia, tienen que ser una elección real de los votantes de Puerto Rico entre las opciones constitucionalmente válidas.
El insulto final a la mayoría de los votantes de Puerto Rico es que la H.R. 2070 propone una convención enrevesada que el pueblo de Puerto Rico no ha solicitado con un “espacio ininterrumpido de diálogo”, y sin calendario ni fecha de finalización. Como lo describió recientemente un destacado partidario del proyecto de ley, “la legislación de Velázquez y Ocasio- Cortez iniciaría un proceso que podría llevar años…” Esto es simplemente irrespetuoso y erróneo, porque retrasar que se haga justicia es negar que se haga justicia.
Después de casi 70 años de lucha de los puertorriqueños por salir de los mitos del “Estado Libre Asociado” y el “Estado Libre Asociado Mejorado”, es hora de decir basta. Puerto Rico tiene una legislatura y un gobernador con autoridad para celebrar una convención. Cuando han tenido la oportunidad, han elegido no hacerlo. Obligar a Puerto Rico a celebrar una convención en contra de los deseos de su gobernador y su legislatura no es autodeterminación, es un ejemplo del mismo colonialismo paternalista contra el que dicen estar los autores de la H.R. 2070.
En cambio, el gobernador y la asamblea legislativa de Puerto Rico, debidamente elegidos, han decidido autodeterminarse mediante la celebración de múltiples votaciones plebiscitarias, y millones de votantes han emitido sus votos. La Constitución de los EE. UU. otorga al Congreso el poder de “dictar todas las normas y los reglamentos necesarios” en relación con los territorios estadounidenses. Ese poder conlleva una responsabilidad. En este caso, el Congreso tiene la responsabilidad de considerar y respetar la historia plebiscitaria de Puerto Rico, y el siguiente paso más lógico es avanzar en la votación de ratificación que se establece en la H.R. 1522, la Ley de Admisión de la Estadidad de Puerto Rico.
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V. Conclusión
El estatus territorial de Puerto Rico representa la asignatura pendiente de la democracia estadounidense. La resolución del estatus político definitivo de Puerto Rico no solo es de vital importancia para los tres millones de ciudadanos estadounidenses que llaman a las islas su hogar y para los casi seis millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, sino para todos los estadounidenses.
La democracia es el alma de los Estados Unidos. En 1980, el entonces candidato presidencial Ronald Reagan escribió en el Wall Street Journal sobre Puerto Rico: “no podemos esperar que nuestra política exterior goce de prestigio en todo el mundo… cuando tenemos graves problemas con nuestros vecinos más cercanos”. Sus palabras siguen siendo válidas hoy en día.
El Congreso no tiene que tomar una postura sobre la estadidad hoy, pero la Constitución y los principios estadounidenses fundamentales obligan al Congreso a proporcionar, por lo menos, un camino digno hacia adelante. Insto al Comité a que escuche los mensajes que la mayoría del pueblo de Puerto Rico ha enviado en los recientes plebiscitos, y que apruebe la H.R. 1522. Es hora de poner fin a las décadas de información engañosa que seguirán propagándose en Puerto Rico si el Congreso no actúa.
Hoy, tenemos ante nosotros una nueva oportunidad. La historia nos juzgará por lo que hagamos o dejemos de hacer para corregir el error histórico del legado colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Tengo la profunda esperanza de que 2021 será el año en que el Congreso proporcione una dirección clara para resolver finalmente el estatus político definitivo de Puerto Rico, y dar rienda suelta a todo el potencial de nuestra isla del encanto en beneficio de Puerto Rico, los Estados Unidos y el mundo.
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